En una ofensiva sin precedentes, el presidente dominicano Luis Abinader ha liderado la deportación de más de 18,000 haitianos indocumentados en lo que va de mayo, como parte de su estrategia para reforzar la seguridad nacional y controlar la migración irregular. Durante una reciente reunión del Plan de Seguridad Ciudadana, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, confirmó estas cifras, destacando la ejecución de múltiples operativos simultáneos en diversas zonas del país, incluyendo el Gran Santo Domingo.
El mandatario ha implementado un paquete de 15 medidas migratorias, que incluyen la intensificación de la vigilancia fronteriza, la construcción de un muro en la frontera con Haití y la presencia de agentes migratorios en hospitales para verificar la documentación de los pacientes. Estas acciones han sido justificadas por Abinader como necesarias para proteger la identidad y los recursos del país, en un contexto de creciente inestabilidad en Haití.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos y violaciones en el proceso de deportación. Informes recientes revelan casos de mujeres haitianas que han sido víctimas de violencia sexual por parte de agentes migratorios, así como un aumento en el abandono escolar entre niños haitianos debido al temor a las redadas. Estas prácticas han sido calificadas por activistas como una forma de «limpieza étnica» y han generado preocupación internacional.
A pesar de las críticas, el presidente Abinader ha reiterado su compromiso con la aplicación estricta de las leyes migratorias, afirmando que las deportaciones continuarán mientras persistan los desafíos derivados de la crisis en Haití. El gobierno dominicano sostiene que estas medidas son esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, aunque la comunidad internacional continúa observando con atención y preocupación el desarrollo de esta política migratoria.
