El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha mantenido una política migratoria activa y firme desde el inicio de su mandato en 2020, centrada especialmente en la regulación de la migración haitiana. El pasado 6 de abril de 2025, anunció 15 nuevas medidas para reforzar el control migratorio, y días después firmó el decreto 215-25 que crea el Observatorio de Políticas Migratorias, con el objetivo de promover la transparencia y participación ciudadana en el monitoreo de dichas políticas.
Desde su primer año de gobierno, Abinader impulsó acciones como la construcción de una verja perimetral en la frontera con Haití, el fortalecimiento del patrullaje con el Ejército y Cesfront, y la suspensión del programa especial de visados para estudiantes haitianos. También ordenó auditorías al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y abogó en foros internacionales porque la comunidad internacional asuma un papel más activo en la crisis haitiana.
Durante el 2023, el conflicto por la construcción de un canal en el río Masacre llevó al cierre total de la frontera y a la implementación de medidas adicionales como la paralización del comercio binacional y la restricción de visados. Estas decisiones generaron pérdidas económicas para sectores productivos dominicanos, aunque fueron justificadas por el Gobierno como necesarias para proteger la seguridad y soberanía nacional.
En 2024, ante la llegada de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, Abinader reiteró que la estabilidad en la vecina nación es vital para la seguridad dominicana. También anunció nuevas medidas, como el aumento de deportaciones, el uso de tecnología de vigilancia en la frontera y el fortalecimiento de la Dirección General de Migración. Aunque se han recibido presiones internacionales, el Gobierno ha continuado priorizando una política migratoria más estricta y controlada.
