El presidente Luis Abinader promulgó la Ley núm. 1-25, que modifica la Ley núm. 138-11 del Consejo Nacional de la Magistratura, adaptándola a los cambios introducidos en la Constitución del 27 de octubre de 2024. Esta reforma establece que el procurador general de la República ya no será designado unilateralmente por el presidente, sino que deberá ser propuesto al Consejo Nacional de la Magistratura, que podrá aprobar o rechazar la propuesta junto a la de siete procuradores adjuntos.
Además, la nueva normativa incluye como miembro del Consejo al presidente del Tribunal Constitucional y excluye al procurador general de la República, figura añadida en la reforma de 2010. Esta modificación fortalece la separación de poderes y fomenta un proceso más democrático en la elección de las autoridades del Ministerio Público y otros cargos judiciales relevantes.
El Consejo Nacional de la Magistratura deberá ahora aprobar el reglamento para implementar la ley, seleccionar a los nuevos representantes del Ministerio Público y evaluar tanto a jueces de la Suprema Corte como a los miembros del Tribunal Superior Electoral. Estas acciones marcarán un año clave para la administración de justicia en el país.
